El estudio se realiza en el marco del préstamo suscripto entre la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el IVC para el fortalecimiento institucional, con el objetivo de brindar más herramientas e información que permitan analizar la situación actual de los inquilinos.

“Lanzamos esta encuesta para tener datos de la situación actual de los inquilinos e inquilinas de la Ciudad. Esto nos va a permitir diseñar mejores políticas públicas y orientarlas de manera más efectiva”, destacó el presidente del IVC, Gabriel Mraida.

Esta semana se iniciaron las encuestas de manera presencial a cientos de inquilinos de todos los barrios de la Ciudad de Buenos Aires. El relevamiento comprende todos los barrios agrupados en zona sur, centro y norte de la Ciudad, así como también los barrios populares donde el IVC lleva adelante procesos de integración socio-urbana.

El estudio consta de 3 etapas, que se están llevando adelante a lo largo de 28 semanas. La primera consiste en la preparación y desarrollo del marco conceptual, la segunda en la recolección y procesamiento de datos, y la tercera en el análisis, interpretación y presentación de resultados.

A través de los resultados obtenidos, que serán publicados en el 2023, se podrán identificar las necesidades y problemáticas específicas de la ciudad formal e informal, y entre los diferentes barrios en relación con el mercado de alquileres. Con esta información se puede abordar las estrategias y gestiones necesarias para el diseño efectivo de políticas públicas y poder evaluar su alcance.

Además de la muestra cuantitativa, el estudio tendrá un enfoque cualitativo, en el cual se busca conocer las trayectorias habitacionales y transiciones de vivienda previas hasta llegar a la vivienda actual y los motivos por los cuales habitan en sus barrios; las condiciones actuales del alquiler; el conocimiento y acceso a créditos, garantías bancarias y programas como Garantía +Fácil, entre otros; las expectativas de dónde y cómo se imaginan estar residiendo o habitando en años futuros; las preocupaciones, dificultades y demandas relacionadas a su situación habitacional e inquilinato; las percepciones sobre los límites o barreras al acceso al alquiler formal y/o a la vivienda propia; y las opiniones sobre cuáles deberían ser las herramientas estatales para abordar la problemática de alquileres.