Éste periodo electoral del año 2009 y el “acta compromiso” de ciertos legisladores porteños para convocar a una sesión legislativa, con la finalidad de apremiar al ejecutivo porteño para efectivizar las elecciones comunales en la CABA , pero que se demora en su realización, nos evoca que aproximadamente un año atrás, más precisamente, el 26 de mayo de 2008 con el Envío 86, de CGU (Ciudadanos Grupo Uno) informábamos que un bloque de la legislatura porteña, realizaría una presentación judicial ante el Tribunal Superior de Justicia para que exhorte al Jefe de Gobierno, a convocar a la elección de Comunas en el año 2008.
Deberíamos considerar que la última fecha prevista era el 10-8-2008, por lo tanto lo único concretado es el incumplimiento. Quienes “denunciaban” el pasado año 2008 pertenecían al “grupo” político, vinculado a la gestión del ex ministerio porteño, en que, pese a los reiterados pedidos se negaron rendir cuentas, ante la Comisión Bipartita , del destino del presupuesto asignado sobre el proceso de descentralización exhibiendo, sólo, una profusa promoción electoral. También en el Envío 86 de CGU, expresábamos que en el año 2004, se concretó el convenio sobre la recolección de basura, por cuatro años, para que recién en el 2005 se sancionara la ley 1777 y así quedarían las Comunas sin participar de esa competencia exclusiva. En realidad la Corporación Politica en el Poder Publico simularía ajustarse a la democracia participativa directa (ley 1777), al no “tocar” el tema central, que sería como se gasta y en que se gasta. Ciudadanos Grupo Uno, solicita que a la ciudadanía se le suministre, tal es su derecho, la garantía de controlar costo y destino de la totalidad del presupuesto con el detalle de hasta la más elemental lapicera, cantidad de personal, etc. Si se debe realizar un censo para saber que personal estatal existe ¿a quienes van los sueldos que pagamos con nuestros impuestos? En éste derecho a controlar, iniciamos el requerimiento a cada uno de los CGPC para saber que cantidad de personal existe en cada uno, para proseguir requiriendo más información, y de menor a mayor, hasta el detalle de las contrataciones más caras y complejas de la Ciudad. No obstante la morosidad de los informes de Auditoria, no pueden evitar hacer constar graves y groseras irregularidades. En el pasado año 2008, informaban los medios, que se pretendería controlar la justicia de la Ciudad y que una consejera de la magistratura expresó que; “Nosotros tenemos la orden que nos da el ministro”. El Consejo habría entrado en conflicto con las Cámaras en lo Contencioso y Contravencional e impuso un reglamento de la noche a la mañana, en un cambio de autoridades, donde lo habría pasado a presidir un compañero de colegio del jefe de gobierno. Con el acuerdo de la “oposición” que permitió no dar quórum sobre el tema comunas, crearían una cantidad importante de cargos en el ministerio Público sin concurso previo, toda vez que ese Tribunal Superior habría avalado dos nombramientos, creados, en el Consejo de la Magistratura , sin incluir concurso, entrevista y ante la junta de ética de la Legislatura porteña. Bastarían nueve votos en el Consejo para designar a un juez. Se “beneficiarían” el oficialismo, la “oposición” que no dio el quórum y la “oposición” que haría la denuncia en ese Tribunal Superior, creando así más de 30 cargos en el Ministerio Publico que implicaría unos 400 puestos; pero como serían interinos y sin concurso los removerían con facilidad si no se ajustan a las ordenes de la Corporación Política en el Poder Publico, con el acuerdo de los tres bloques que se repartirían puestos para sus amigos. Estamos hablando de jueces, fiscales, defensores, etc. ¿Estado de Derecho? Inevitablemente nos lleva esto, al falaz argumento de que se aumentaría el “gasto” con las autoridades comunales y que sea uno por comuna, y no siete que cobren sueldo. La “oposición” que denunciaría al ejecutivo por no cumplir con la ley, actuaría con retardo debiendo recordar que al Tribunal Superior de Justicia de la CABA que con cartas documento 841156052/908095065 del 20-02-2007 y 06-11-2007 entre otras consideraciones dejamos constancia que; La cláusula Decimoséptima (improrrogable) de la Constitución de la CABA exige que debiera estar descentralizada la Ciudad desde el 1º de octubre de 2001, por lo que debemos presumir que los poderes de la Ciudad estarían gobernando de facto. Reiteramos que es esencial sumarnos para lograr la masa crítica de la nueva política. La real oposición somos las vecinas y los vecinos participativos no partidarios, quienes no cobramos sueldos como los que usurpan el poder. Cualquiera que se mantenga fiel al principio de que los juicios de la nueva política no deben sufrir la influencia de las actitudes convenientes a la Corporación Política en el Poder Publico, a través de sus “representantes”, habrá de reconocer en la orientación participativa de quienes integramos Ciudadanos Grupo Uno un alto interés democrático; viendo en las resistencias opuestas a Ciudadanos Grupo Uno una nueva prueba de sus afirmaciones.
La existencia de 2001/2002, es ya patrimonio adquirido de la ciudadanía que formaría lo sustancial de la democracia participativa directa. Finalidad del bienestar común.
Vecinas y Vecinos ¿Seguiremos mirando para otro lado? Abril de 2009
Ing. Osvaldo V. Buscaya obuscaya@yahoo.com.ar
