El acuerdo busca optimizar la articulación entre las fuerzas de seguridad y los organismos de protección de la niñez, estableciendo protocolos de actuación conjunta, instancias de capacitación y mecanismos de intercambio de información para garantizar intervenciones más eficaces y respetuosas de los derechos de los menores.
Un trabajo coordinado para proteger derechos
A partir de este convenio, se prevé reforzar el trabajo conjunto en casos donde intervengan las fuerzas de seguridad y haya niños, niñas o adolescentes involucrados, ya sea como víctimas, testigos o en situaciones de vulnerabilidad social.
Entre los principales ejes del acuerdo se destacan:
Capacitaciones especializadas destinadas al personal policial sobre derechos de la niñez y adolescencia.
Protocolos de actuación coordinados para intervenir en situaciones de riesgo o vulneración de derechos.
Intercambio de información institucional que permita mejorar la respuesta del Estado ante casos complejos.
Acompañamiento y supervisión del Ministerio Público Tutelar en actuaciones donde estén involucrados menores.
El objetivo central es garantizar que todas las intervenciones del sistema de seguridad se realicen bajo el enfoque de protección integral, priorizando el interés superior del niño y asegurando que se respeten las normativas vigentes en materia de derechos de la infancia.
Más herramientas para la prevención
Desde ambas instituciones destacaron que el convenio permitirá fortalecer la prevención y mejorar la respuesta ante situaciones de violencia, abandono o vulnerabilidad que puedan afectar a niños y adolescentes en la Ciudad.
Además, se impulsarán instancias de formación y sensibilización para que los agentes de seguridad cuenten con herramientas adecuadas para actuar en contextos donde intervengan menores de edad, promoviendo prácticas respetuosas y acordes a los estándares legales.
La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de la Ciudad para consolidar políticas públicas de protección de la infancia y adolescencia, reforzando la cooperación entre organismos del sistema judicial, social y de seguridad.
Con este acuerdo, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires buscan avanzar en una respuesta estatal más articulada, preventiva y centrada en el cuidado de los derechos de los más chicos.
