En la madrugada, fue cuando se aprobó la creación del servicio penitenciario porteño y la Ley de Ejecución de la pena privativa de la libertad, que establece su marco normativo. “Por primera vez, la Ciudad asume la competencia plena sobre la ejecución de las penas", afirmó durante el debate la diputada Inés Parry, presidente de la Comisión de Justicia, y destacó que la nueva ley "establece como objetivo central que la persona condenada comprenda la gravedad de sus actos, respete la ley y logre una adecuada reintegración social, garantizando al mismo tiempo la reparación a la víctima”.

La iniciativa incluye la creación de la Agencia Penitenciaria y de Reintegración Social, un organismo civil, desconcentrado, especializado y auxiliar del Poder Judicial, dependiente del Ministerio de Justicia de la Ciudad. Según la Ley, su personal se dividirá en dos cuerpos: el de Agentes de Seguridad Penitenciaria, integrado por la fuerza civil armada dedicada a tareas de seguridad, prevención, protección y custodia; y el de Agentes de Reintegración Social, compuesto por personal civil profesional, técnico y administrativo orientado al tratamiento progresivo, la educación, el trabajo, la salud mental, los vínculos familiares y el Plan de Vida de las personas privadas de libertad.

En materia deportiva, se modificó la Ley 6.358 relacionada con el Programa de Capacitación para la Prevención de la Violencia en el ámbito deportivo. En el plano institucional, se creó un Fondo para la ampliación estructural destinado a fortalecer las competencias jurisdiccionales del Tribunal Superior de Justicia. Además, se modificó la Ley 955 de Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica, mientras que en materia animal se aprobó el Plan de equilibrio poblacional ético con apoyo a organizaciones rescatistas.

La accesibilidad urbana estuvo presente mediante la modificación de la Ley 2.219, que establece la obligatoriedad de instalar juegos inclusivos en todas las plazas y parques de la Ciudad y en relación a las personas mayores se sancionó un nuevo Registro Gratuito de Voluntades Anticipadas, un instrumento fundamental para garantizar su autonomía en decisiones sobre su propia salud.

Tarde en la noche, el recinto vivió un momento de euforia cuando se aprobó en segunda lectura el permiso al Club Social Deportivo y Cultural Español para continuar usando un predio en el Bajo Flores, lo que desató la alegría de sus hinchas. También se aprobaron permisos de uso de predios a favor de la Parroquia Nuestra Señora de Luján Porteña y de la ONG ATTTA (Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros). Además, se sancionó la ampliación de la superficie concesionada al Jardín Japonés, un espacio emblemático de la Ciudad que sumará más área para el desarrollo de sus actividades culturales. En otro momento destacado, un nutrido grupo de vecinos celebró la aprobación de la condonación de obligaciones tributarias para las unidades funcionales del Barrio Rodrigo Bueno, los clubes de barrio inscriptos en el Registro Único de Instituciones Deportivas que funcionen en espacios ajenos a la institución y las instituciones de rehabilitación alcanzadas por la Ley 24.901.

Entre las cuestiones tratadas y aprobadas sobre tablas, se destacan las declaraciones de interés de las actividades desarrolladas desde el programa Mamás seguras de la Organización ADISIV (Asociación para la Disminución de Siniestros Viales) y del 3er Torneo Nacional de Tenis para Ciegos y Disminuidos Visuales Buenos Aires 2025. También sobre tablas se sancionaron leyes como la que crea una exposición permanente en conmemoración a las víctimas del bombardeo a la plaza de mayo, la que implementa un Programa Preventivo contra el cáncer cervicouterino y mamario, la de emergencia sanitaria del barrio de Constitución,  la que exime del pago de la tarifa de peaje dependiente de Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) a ex Combatientes de Malvinas y la de concientización y prevención sobre estafas telefónicas y digitales a personas mayores, entre otras.

Por otra parte, se sancionó en segunda lectura el proyecto de ley sobre la incorporación de más de 4 mil inmuebles de la Ciudad al Catálogo Definitivo de Inmuebles Protegidos. La iniciativa busca fortalecer la protección y preservación del patrimonio arquitectónico y cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ampliando los niveles de catalogación de edificios y zonas de valor histórico y cultural.

Para jubilados, pensionados y personas con discapacidad se amplía la exención del ABL y del Impuesto Inmobiliario. En el caso de las patentes, se exime del pago a personas con discapacidad y se mantiene la exención para autos eléctricos.

El financiamiento de infraestructura también formó parte de la agenda, que dio como resultado la aprobación de recursos para obras de AUSA y un empréstito destinado a la modernización de la red de subterráneos.

Finalmente, se avanzó con la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.