El ex fiscal Manuel Garrido expuso sobre la necesidad de contar con instituciones de fiscalización pública independientes para combatir la corrupción, en el Diplomado en Transparencia Institucional que se desarrolla en la Legislatura porteña
Manuel Garrido expuso sobre los organismos de control en el Diplomado en Transparencia Institucional, organizado por las fundaciones Konrad Adenauer y Confianza Pública junto con la Asociación Civil Estudios Populares (ACEP).
Marta Velarde (ACEP) coordinadora académica del diplomado, antes de presentar al fiscal, afirmó: “Pocas personas fueron condenadas por corrupción en los últimos 30 años. Y esto no fue porque no la hubo, sino porque hubo impunidad”.
Garrido afirmó que “los organismos de control de la corrupción se inspiran en ver cuál es la mejor estrategia para combatirla”. Sin embargo, cada uno de ellos “responde al paradigma de época en el que fueron creados”.
El ex Fiscal de Investigaciones Administrativas (Ministerio Público) y Fiscal de Control de la Oficina Anticorrupción (Ministerio de Derechos Humanos) afirmó que muchos de ellos se apoyan en el paradigma punitivo, antes que el preventivo.
Garrido citó a las dos principales convenciones internacionales contra la corrupción que la Argentina ha firmado: la Convención Interamericana y la Convención de las Naciones Unidas.
En la Americana, de 1996, la mayoría de los artículos se dedican a la persecución: “Toda la convención está enfocada en cómo se aplica la ley penal”, afirmó el fiscal. Solo en 3° se habla de la prevención que en sus 12 incisos “pasa de ser de enumerativo a taxativo”. En este se estimulan normas de conducta orientadas a prevenir conflictos de intereses y asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos y mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento.
Sobre la Convención de las Naciones Unidas, el abogado resaltó que “es un catálogo de recomendaciones en políticas públicas” e insta a que las naciones que lo firmaron implementen políticas efectivas contra la corrupción que promuevan la participación de la sociedad y demuestren los principios del Estado de Derecho, tales como la integridad, la transparencia y la responsabilidad, entre otros.
En la Argentina hay diversos organismos que “hacen el control de cuentas” públicas, tales como la SIGEN (Sindicatura General De La Nación), que depende del Poder Ejecutivo y la AGN (Auditoría General de la Nación Argentina), que está bajo la órbita del Congreso.
La SIGEN es un organismo interno que realiza las auditorías financieras, de legalidad y de gestión. Mientras que la AGN es externa al Poder Ejecutivo y vela con sus estudios promover el uso eficiente, económico y eficaz de los recursos públicos. Garrido afirmó que estos organismos “deben tener la independencia necesaria” del poder para poder ejercer sus funciones y aquí “hay un primer déficit”.
Sobre la Oficina Anticorrupción, explicó que depende directamente de un Ministerio del Poder Ejecutivo: en algunos casos puede haber un titular designado que es un “funcionario muy cercano para evitar que lo investiguen”. Además su titular es “asignado y removido por el presidente”
También se refirió a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas que dijo que tiene “la ventaja de integrar el Ministerio Público Fiscal, que es un órgano externo y el fiscal debe ser designado por concurso y antecedentes”. Aunque esta unidad solo controla al Poder Ejecutivo.
Con respecto a los jueces o diputados, el ex fiscal evidenció que no hay organismos controlantes. “Los miembros de los Poderes Judicial o Legislativo no tienen declaraciones juradas ni se puede constatar su evolución patrimonial”.
Garrido, también profesor titular de Derecho Penal en diversas universidades (UNLP, UNNOBA y USA); afirmó que “muchas veces se habla de los órganos de manera muy grandilocuente”, pero sus funciones establecidas en leyes no los hacen muy eficaces.
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Garrido explicó los déficit que tienen los diversos organismos anticorrupción de la Argentina
